08 de Mayo de 2019

Exclusión del hogar, una medida precautoria contra la violencia

     La exclusión del hogar es una medida cautelar,  generalmente implementada por los jueces de Familia, en casos de violencia entre los miembros de un grupo familiar.

      En tal sentido, la persona contra la cual procede, sea cónyuge, conviviente o alguno de sus hijos si estos fueren mayores de edad u otros familiares, son retirados del hogar en forma coactiva, por plazo que puede variar entre los 30 y 90 días, dependiendo de cada situación.

     Asimismo, esta medida trae aparejada una orden de prohibición de acercamiento a una distancia no menor de 200 metros de la persona damnificada, su vivienda y lugar de trabajo.

     Cabe mencionar que esta medida cautelar suele implementarse en caso de violencia y riesgo para uno o más miembros de la familia, conforme lo establecido en los arts. 1 y 3 de la Ley Nacional Nº 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar.

     En esa línea, la normativa establece que cuando el orden familiar se ve afectado por casos de violencia que impliquen un riesgo para el bienestar psíquico o físico de los integrantes del hogar, los damnificados deben denunciar ante las autoridades pertinentes, para que se implementen medidas necesarias de protección.

      Para iniciar el trámite, las denuncias pueden radicarse en la dependencia policial más cercana al domicilio de los afectados;  Comisarías del Menor y la Mujer y el Ministerio Público Fiscal.

 

Alcance de la medida    

     En tanto, esta medida se implementa y es independiente de la tramitación de otras cuestiones de familia, como por ejemplo, el divorcio y los regímenes de comunicación y asistencia.

     En tal sentido, la existencia de cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, sexual o simbólica, puede motivar la denuncia por parte de algunos de los miembros del conjunto familiar y de tal modo, solicitar la exclusión del hogar de quien la ejerce.

     Es necesario determinar que los casos más comunes de aplicación de esta medida,  suele plantearse entre los miembros de una pareja y ocasionalmente con relación a los hijos mayores de edad de la misma u otros miembros del grupo familiar.

     Cabe mencionar, que el artículo 2 de la antes citada norma, establece que en caso de menores, incapaces y adultos mayores, la denuncia puede ser realizada por sus representantes legales, Ministerio Público, servicios asistenciales públicos o privados, profesionales de la salud, sin perjuicio que el menor, personalmente,  puede poder en conocimiento de la situación al Ministerio Público.

     Es por este motivo que dependencias judiciales como la OVFyM, está al servicio de la comunidad, respondiendo a un principio esencial de la gestión del Superior Tribunal de Justicia, que procura luchar y prevenir este flagelo social.





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