21 de Mayo de 2019

El juez adquiere un activo papel en el proceso de oralidad civil

     La puesta en marcha del nuevo sistema de oralidad civil implica un activo rol del juez interviniente en la causa, quien pasa de ser un mero “director del proceso a un administrador de los tiempos” de éste.

     De esta forma, será el magistrado el encargado de establecer plazos y cargas que las partes deberán cumplir tanto en la incorporación como en la producción de las pruebas, todo con el objeto de llagar a una resolución que ponga fin al conflicto en un plazo razonable.

     De acuerdo con lo expuesto por la Dra. María Cecilia Paskevicius, titular del Juzgado Civil de Tercera Nominación, “el rol del juez comienza a tomar un papel de suma importancia en el proceso de presentación de pruebas”.

     Esto, queda determinado en el Protocolo de gestión de la prueba, celebrada en la audiencia preliminar, donde se dispondrán las herramientas probatorias, así como también el plan de trabajo para su producción, proceso en el cual el Tribunal debe colaborar para su efectiva conclusión.

     “En el mismo, se llevará a cabo la Audiencia de Vistas de la causa (la que se fija en lo posible a los 90 días de aquella), en la que se producirá la prueba esencialmente oral, o sea, la prueba confesional y testimonial, previo a intentar una nueva instancia conciliatoria”, determinó la profesional.

     Sin embargo, en el caso de no haber incorporado la totalidad de la prueba admitida en la audiencia preliminar, por causas no imputables a la parte (es decir, que su producción haya sido debidamente diligenciada), podrá ampliarse “excepcionalmente” el plazo para su incorporación.

     “Es necesario aclarar, continuó, que dicho plazo no deberá exceder los 20 días, ya que esto implicará posponer la certificación de las pruebas y la puesta de los autos para alegar, por lo cual dicha facultad ya no podrá ser ejercida de manera oral”, finalizó.

     De esta manera, se puede determinar que además de que el juez migra a un papel más activo, que la finalidad esencial de la adopción de esta  forma procesal está destinada a la minimización del tiempo de resolución de una causa.

     Es la efectividad de respuesta y servicio al justiciable, la finalidad que el STJ persigue con la implementación de este nuevo modelo, en miras de dar cumplimiento a una sostenida gestión, comprometida con la excelencia de servicio a brindarse a la sociedad santiagueña.





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