01 de Agosto de 2019

El Juzgado de Ejecución Penal procura la reinsersión social del condenado

La ejecución de la pena es la etapa del proceso judicial que da cumplimiento a las disposiciones de una sentencia que establece pena privativa de la libertad para quien infringió la ley, observando el cumplimiento de los derechos fundamentales de los condenados.

En diálogo con el Área de Prensa del Poder Judicial, el titular del Juzgado de Ejecución Penal, Dr. Rubén Seiler, afirmó que la finalidad de la ejecución de la pena es lograr que el sancionado se reinserte en la comunidad, a través de los medios adecuados para lograr su resocialización.

Para lograr esa meta, el organismo cuenta con un equipo interdisciplinario, integrado por psicólogos y trabajadores sociales con perfil criminológico, que colaboran en la evaluación que realiza el juez de la situación de cada interno.

En esa línea, el magistrado dijo que durante el tiempo de la ejecución de la pena se dictan las medidas necesarias para la óptima evolución del proceso de reinserción social, en el que se encuentran involucrados profesionales del Poder Judicial y personal de las Unidades Penitenciarias de  la Provincia.

De tal modo, a partir de un seguimiento exhaustivo, se realizan audiencias personales con los reos, de forma tal que el magistrado tenga conocimiento de las cuestiones vinculadas a la evolución de la conducta del condenado.

Por otra parte, es de destacar que el Juzgado de Ejecución Penal, efectúa un trabajo articulado con el Centro de Rehabilitación de Adicciones de Santiago del Estero (CREASE), para brindar asistencia a los condenados. De esa manera, se contribuye con la resocialización del reo, una vez que cumpla la condena.

Asimismo, el Juzgado no sólo tiene competencia en lo que se refiere a la ejecución de la pena, sino también en lo que concierne a la solicitud de la libertad condicional y el otorgamiento de la prisión domiciliaria.

Además, es competente en cuestiones referidas a la observancia de cumplimiento de las garantías personales, consagradas tanto en las Constituciones Nacional y provincial, como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Asimismo, interviene en lo que respecta a incidentes, recursos contra sanciones disciplinarias impuestas por el Servicio Penitenciario Provincial y de la aplicación de medidas de seguridad a mayores de dieciocho años.





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