12 de Agosto de 2019

QUÉ SON Y COMO PROCEDEN LOS DECOMISOS A FAVOR DEL ESTADO

      La actuación de bandas delictivas transnacionales, que apelan al uso de internet y de nuevas tecnologías para cometer hechos ilícitos, requirió de las autoridades y legisladores adoptar medidas para combatirlas.

      En tal sentido y con respecto al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero, el Código Penal impone penas privativas de libertad, multa e inhabilitación, a lo que se suma la condena del “decomiso a favor del Estado”.

     Precisamente, el decomiso es una medida judicial que consiste en el secuestro de bienes relacionados con el delito, sea armas, efectos personales, inmuebles, medios de transporte o las ganancia obtenidas por la actividad clandestina, a favor del Estado.

     Esta acción está tipificada en el art. 23 del Código Penal, que determina que “en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros”.

     En este marco, es posible determinar que para la concreción del decomiso es necesaria la existencia de un proceso previo y una condena firme, lo que los convierte en una consecuencia accesoria del primero.

     De igual forma, no es excluyente de otras penas, pues el juez podrá aplicar las correspondientes al caso y proseguir con el decomiso, como una forma de finiquitar el caso y sus consecuencias.

     De tal manera, en las figuras de delito de corrupción de menores, promoción de prostitución, explotación sexual, esclavitud, secuestro o privación de la libertad, todos los objetos muebles, inmuebles y utilitarios utilizados para la comisión del delito, así como también la recaudación de las multas, tiene por finalidad subsidiar aquellos programas destinados a la asistencia de las víctimas.

     Asimismo, el magistrado interviniente puede implementar todas las medidas cautelares pertinentes, para asegurar la protección de los futuros bienes a decomisar, conforme la normativa vigente.

     Cabe destacar que esta medida legal fue objeto de intenso debate, tanto en el ámbito legislativo como doctrinario, a raíz de considerarse eficaz en la lucha contra la criminalidad organizada.

     Por otra parte, las sanciones previstas en el art. 23 se aplican también a quienes intervienen en la comisión del hecho delictivo, ya sea que actúen como mandatarios o administradores de una persona de existencia ideal.

     De igual forma, cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el decomiso se pronunciará contra éste.





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