23 de Agosto de 2019

CONSECUENCIAS LEGALES DE LA FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD

     Un certificado de discapacidad es un documento público extendido a toda aquella persona que tenga una alteración funcional, permanente, transitoria o prolongada; física, sensorial o mental.

     Para su obtención debe observarse un procedimiento administrativo, que contempla la realización de una junta médica convocada para determinar fehacientemente si corresponde o no el otorgamiento del certificado.

     El objetivo es facilitarle al beneficiario el acceso a coberturas integrales de las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación para lograr su adecuada integración familiar, social o laboral.

     En tal sentido, este documento otorga ciertas prerrogativas especiales, como el pase gratuito en el transporte público; facilidades para la compra de automotores y la exención de algunos impuestos. 

 

Efectos legales

       Con respecto de la responsabilidad para quienes falsifiquen tales instrumentos, el Código Penal de la Nación reprime con prisión de uno a seis años el que, en todo o en parte, hiciere un documento público falso, del que pueda resultar algún perjuicio, conforme lo dispuesto en el  art. 292

     El delito, se tipifica con la creación total o parcial de un documento falso, o la adulteración de uno verdadero con la posibilidad cierta o probable de causar un daño a tercero. 

     La misma pena, según el art. 293 del Código de fondo, les corresponderá a los funcionarios públicos, que favorecieren, a sabiendas, la emisión de estos instrumentos con declaraciones falsas, que se deban probar mediante el documento y que de ello se derive algún perjuicio.

     Además, que la pena se agrava, cuando el sujeto activo falsifica un documento de identidad, licencias de conducir o aquellos que acrediten la titularidad de un dominio. En tal caso, la pena será de tres a ocho años de prisión.

     Cabe mencionar, que el código de fondo, asimila los efectos legales de las conductas descriptas, a los testamentos ológrafos, abiertos o cerrados, actas de nacimiento y a títulos de crédito, endosable o al portador.

     En caso, que el autor del delito, sea funcionario público, sufrirá además inhabi2litación por doble tiempo de la condena, conforme lo establece el artículo 298 del Código Penal.

     Por otra parte, el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina determina que, todos aquellos que hayan sido extendidos de conformidad con el mismo, gozarán de buena fe y producirán idénticos efectos en el resto de la República, de acuerdo con lo establecido por el art. 293.

     Por tal motivo, contará con plena fe siempre y cuando “se hayan realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal”, de acuerdo al art. 296, inc. a.

     De tal manera, la falsificación de esta clase de instrumentos, representa una vulneración de la fe pública y un perjuicio para quienes son beneficiarios legítimos de tales beneficios. 





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