03 de Sept de 2019

EL JUICIO ABREVIADO Y EL CRITERIO DE LOS MAGISTRADOS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

Un juicio abreviado puede definirse como un instituto procesal cuya finalidad es la de permitir una simplificación en el sistema de enjuiciamiento penal, echando mano a un procedimiento especial por el que los ciudadanos puedan acceder al derecho de un debido proceso, sin dilaciones innecesarias  y con el consecuente respeto de las garantías constitucionales.

Así lo explicó el juez de Control y Garantías de la Jurisdicción Capital, Dr. Fernando Paradelo, quien precisó que el Código Procesal Penal de la provincia determina en su art. 422 que, cuando procede aplicar este instituto y acordar una condena.

Consecuentemente, el profesional explicó que si la pena implementada a un imputado fuera menor a 15 años, éste puede solicitar la realización de un juicio abreviado, pudiendo también celebrarse el mismo durante los actos preliminares del juicio oral.

En este marco y para que este pedido sea admitido, el imputado deberá estar acompañado por su defensor y reconocer abiertamente la existencia del hecho y su participación en él.

De igual forma, planteada el recurso, el magistrado deberá analizar el caso, las pruebas y circunstancias del hecho; si es que este no determina la existencia arbitrariedad o ilegalidad entre la pena y el delito y planteándose congruencia entre ambos, se procederá al dictado de la abreviada.

 “Lo cierto es que es que si bien la ley existe para guiar a un magistrado a la hora de tomar una decisión relativa al imputado en una causa, la misma le otorga un margen de libertad a la hora de implementarla y la forma en la que hacerlo”, manifestó el letrado.

“Al abordar la responsabilidad de condenar a un imputado, continuó, el juez cuanta con pruebas, testigos y elementos que van guiando su criterio para tratar de implementar la mejor decisión posible”.

El Dr. Paradelo explicó que en el caso puntual del juicio abreviado, se trata de una herramienta que puede ser observada como una gran ventaja ya que le permite al juez finiquitar una cusa menor de manera eficaz y expeditiva, permitiendo, a su vez, ganar tiempo útil para elevar a juicio delitos graves como  robo calificado con armas, homicidios, abusos sexuales gravemente ultrajantes o con acceso carnal, el rapto seguido de muerte y demás, que esos vayan a juicio.

De esta forma, esta medida cuyo uso comenzó a incrementarse en los últimos años, es utilizada como una herramienta eficaz, que asegura a las autoridades judiciales ahorrar tiempo y recursos del Estado, evitando que los mismos se malgasten en la persecución de hechos de menos escala, dando la oportunidad que estos sean juzgados en tiempo y forma razonable, dedicando más atención a los delitos de mayor gravedad.





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