04 de Sept de 2020

EL APORTE PROBATORIO DE WHATSAPP, CORREOS ELECTRÓNICOS Y OTROS MEDIOS INFORMÁTICOS (PARTE 1)

Por Dr. Federico Argibay Berdaguer

     En el actual contexto sanitario, las redes sociales, aplicaciones y medios informáticos adquirieron una relevancia trascendente con respecto a los procesos judiciales, los que pasaron a utilizarse como elementos de prueba.

    Por ese motivo, el Área de Prensa del Poder Judicial dialogó con el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, Dr. Federico Argibay Berdaguer, quien expresó:

     “La prueba informática no es, en esencia, diferente a cualquier prueba en general. En ese sentido, nuestra ley ritual prevé que los medios probatorios no están limitados a los regulados en forma expresa, sino que pueden ampliarse, en caso necesario (Art. 383, 2° párrafo Código Procesal Civil y Comercial).

      Existe una transversalidad de conceptos, traídos muchos de ellos de la jurisprudencia penal aplicables a los otros tipos de procesos (civiles, comerciales, laborales, etc.). 

      Entre tales conceptos, es muy importante el respeto de la cadena de custodia, que consiste en la trazabilidad de la recolección, almacenamiento y resguardo de los elementos que sirven de prueba en el marco de una investigación judicial, como ocurre con el secuestro de discos rígidos de computadoras, celulares, etc.

     Ello implica que todas las etapas deben ser perfectamente documentadas, indicando quien está a cargo de la custodia en cada una de ellas. De otro modo, podría haber una supresión y/o alteración de la información contenida en tales dispositivos. Ello debe condensarse en Acta y en presencia de testigos.

     Por otro lado, la prueba informática debe producirse sin violar derechos fundamentales, como el derecho a la “intimidad” o “privacidad”

     Otro derecho constitucional en juego radica en el derecho/garantía de toda persona de no declarar contra sí misma, criterio que se ha extendido de la jurisprudencia penal al proceso civil y comercial y otros. 

     Por último, dentro de las garantías constitucionales nomencladas, no puede soslayarse la posibilidad de controlar la producción de la prueba informática, para evitar que pueda ser manipulada en su contra.

     En otro orden, existe legislación específica que, frecuentemente, se soslaya a la hora de obtener o colectar este tipo de pruebas.

     Entre tal entramado de normas, es muy importante la ley 25.326 (Ley de Protección de Datos Personales) Esta norma, entre otras disposiciones impone secreto profesional a todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales.

      Otro aspecto relevante es la producción de informes probatorios, de modo legítimo y consistente, en el marco regulatorio de la protección de la privacidad y los datos personales.   

En primer lugar, si es posible la información que se requiere puede ser “disociada”, de modo tal que esos datos personales o “sensibles” no sean identificables.

Pensemos en un caso de disputa entre laboratorios sobre competencia desleal en el que se requiera prueba de informes sobre la cantidad de medicamentos vendidos por ambos, podría ordenarse ello suprimiendo la información de los destinatarios finales (bien se sabe que los laboratorios médicos tienen información sobre la trazabilidad del medicamento, lo que involucra los datos de los compradores de los mismos).





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